Ley de permisología amenaza al medio ambiente

Ley de permisología inauguró en julio de 2025 un régimen que reduce entre un 30% y un 70% los plazos de permisos sectoriales. Sin embargo, ambientalistas y diputados advierten que, al priorizar la rapidez, se sacrifican revisiones previas esenciales para resguardar la salud de los ecosistemas.

¿Qué es la ley de permisología?

La ley de permisología —formalmente Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales— centraliza todos los trámites en una ventanilla única digital (SUPER), fija plazos máximos de respuesta y aplica el silencio administrativo positivo: si la autoridad no responde en el plazo, el permiso se entiende concedido.

Además, para proyectos de bajo riesgo, reemplaza autorizaciones formales por declaraciones juradas o simples avisos, con inspecciones posteriores en lugar de revisiones previas.

Consecuencias para el medio ambiente

Al ampliar el avance sin freno, la ley de permisología deja fuera de control iniciativas que antes requerían estudios de impacto ambiental antes de empezar. Esto puede traducirse en obras de extracción en humedales o intervenciones en bosques nativos sin un análisis previo de la calidad del agua, la biodiversidad o los derechos de las comunidades locales.

El nuevo esquema confía en controles ex post: en lugar de detener proyectos que incumplan normas, se sanciona después de ocurrido el daño. Para pequeñas iniciativas, esto puede significar que avisos o declaraciones juradas queden sin revisión técnica hasta que sea demasiado tarde. Esto debilitaría la función preventiva de la regulación.

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Reacciones frente a la Ley de permisología

Más de 240 organizaciones ambientales presentaron una reserva de constitucionalidad para llevar esta norma al Tribunal Constitucional. Parlamentarios de la oposición coinciden en que la agilización es bienvenida, pero no a costa de la protección del entorno y la salud ciudadana. Ahora queda en manos de la instancia judicial definir si la simplificación administrativa respeta los estándares mínimos de resguardo ambiental.

La aceleración de los permisos sectoriales promete dinamizar la inversión y generar empleo, pero sin controles previos robustos puede convertirse en un retroceso para la conservación de los ecosistemas y la garantía de un entorno saludable.