Jorge Roa Chile es el segundo productor mundial de salmón. Detrás de esa vitrina exportadora, la salmonicultura en Chile opera sobre químicos, antibióticos y colorantes que degradan ecosistemas y afectan modos de vida costeros. Este artículo explica el conflicto socioambiental que documentamos en terreno y abre preguntas sobre gobernanza del mar.
Comunidades en resistencia
En Melinka (Aysén), el lonko Daniel Caniullán denuncia el impacto de concesiones cercanas a áreas de pesca artesanal. La ubicación de jaulas en zonas de circulación de recursos altera rutinas, costos y seguridad de quienes viven del mar. Estos efectos no son abstractos: cuando el borde costero se transforma, cambian los ingresos, la alimentación y la organización comunitaria.
La resistencia es también cultural y espiritual. Para comunidades mapuche-huilliche, el mar (lafken) es territorio vivo y no mera “zona productiva”. Las decisiones sobre concesiones —tomadas lejos del territorio— suelen invisibilizar esa relación. Por eso, la disputa no sólo es económica; es por el derecho a decidir cómo se habita y se cuida el maritorio.
La Salmonicultura y evidencia científica
El biólogo marino Alejandro Buschmann ha documentado procesos de eutrofización, pérdida de biodiversidad y cambios tróficos en fiordos con alta carga de cultivo. En escenarios de alta densidad, los residuos orgánicos y el alimento no consumido se acumulan en el fondo marino, disminuyen el oxígeno y empobrecen el ecosistema.
A ello se suma la presión de parásitos como el piojo de mar, que la industria combate con químicos y manejos intensivos. Cada intervención tiene huellas ecológicas y económicas: más costos para cumplir metas productivas y más riesgo para entornos frágiles donde conviven centros de cultivo, pesca artesanal y turismo de pequeña escala.
Marketing, colorantes y salud del consumidor
El salmón de criadero se estandariza con colorantes (p. ej., astaxantina sintética) para lograr el tono rosado que exige el mercado. Además, se usan antibióticos bajo protocolos sanitarios frente a enfermedades asociadas a la producción intensiva. El resultado es un alimento visualmente atractivo cuyo proceso productivo abre preguntas legítimas sobre riesgos, límites y trazabilidad.
Si bien es cierto, el punto no es demonizar al pescado, sino discutir cómo se produce, dónde se instala y quién asume los costos ambientales y sanitarios. Sin transparencia accesible, el consumidor decide a ciegas; y sin monitoreo eficaz, los territorios terminan pagando la cuenta del “éxito exportador”.
ECMPO y Ley Lafkenche: gobernanza del maritorio
Ante este escenario, comunidades impulsan ECMPO vía Ley Lafkenche para priorizar usos consuetudinarios y resguardar áreas críticas para la pesca de subsistencia. Estas figuras buscan ordenar el mar con criterios socioambientales, no sólo productivos, y abrir instancias de participación efectiva en decisiones que afectan la vida cotidiana.
La gobernanza local no es un freno al desarrollo; es una condición para que el desarrollo exista sin destruir su base ecológica y cultural. Incorporar criterios territoriales, ciencia independiente y control ciudadano reduce conflicto, mejora la fiscalización y favorece cadenas de valor realmente sostenibles.
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