Isla en venta: incluye comunidad indígena con ECMPO adjudicada

«Isla Virgen», así titula el portal de bienes raíces que hoy promociona la isla Traiguén. Ubicada en el archipiélago de las Guaitecas, región de Aysén, se vende como una joya natural “lista para su próximo dueño aventurero”. Lo que no dicen —ni en los folletos de lujo ni en la prensa extranjera— es que esta isla en venta está habitada desde hace más de 80 años por una comunidad indígena. Viva, activa, y reconocida legalmente por el Estado chileno.

Una venta internacional que borra a sus habitantes

La publicación de Defendamos Patagonia generó gran impacto al visibilizar la historia de la comunidad Nahuelquin-Delgado. Comunidad que mantiene una relación profunda y continua con la isla. Su presencia no es simbólica: está respaldada por una figura jurídica concreta, el Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO), que protege los usos ancestrales del territorio y garantiza una forma de gobernanza desde la cosmovisión indígena.

Sin embargo, ese dato esencial no aparece en ninguna parte del anuncio internacional que pone precio a la isla: 35 millones de dólares.

Isla en venta: un territorio con memoria

La isla Traiguén no es un “espacio virgen”. Está habitada, recorrida, cuidada. En sus tierras se han identificado al menos cinco sitios de interés arqueológico, con evidencia de presencia humana que se remonta a miles de años. A pesar de ello, la venta se presenta como si se tratara de una propiedad sin historia ni comunidad. El relato romántico del aislamiento natural oculta otra historia: la de una comunidad viva que hoy ve amenazado su derecho a existir. Esta isla en venta no solo borra a sus habitantes actuales. También borra siglos de conocimiento, cultura y resistencia territorial.

¿Qué es una ECMPO? la figura legal que protege el mar y la cultura

La existencia de un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) en la isla Traiguén es más que simbólica. Esta figura fue creada por la Ley N° 20.249 en 2008, y permite a comunidades indígenas proteger legalmente sus territorios marinos y costeros. Esto se haría con planes de manejo validados por el Estado y obligaciones de conservación que se fiscalizan cada dos años.

A nivel nacional, más del 85% de las solicitudes de ECMPO tienen como objetivo central la conservación marina. Estas han demostrado ser instrumentos efectivos tanto para el resguardo ambiental como para el fortalecimiento de la cultura local. La comunidad Nahuelquin-Delgado no solo obtuvo esta adjudicación: ha cumplido con los requisitos, los informes y el trabajo territorial que exige.

Y sin embargo, ni el título de ECMPO ni su existencia son mencionados en el proceso de venta.

El origen de la isla en venta: dictadura y despojo

La venta de la isla Traiguén no surge de la nada. En 1989, en los últimos meses de la dictadura de Augusto Pinochet, el Ministerio de Defensa firmó una resolución que facultó al propio dictador para traspasar directamente el terreno desde Bienes Nacionales al Ejército de Chile. Así, un territorio fiscal —más grande que Valparaíso y con acceso a agua dulce, bosque nativo y litoral marino— quedó en manos de la institución castrense.

Años después, la isla pasó a ser propiedad de Eduardo Ergas, ingeniero comercial, presidente de la Fundación EcoScience y director de Ecocopter S.A., una empresa de helicópteros. En 2008, según sus propias declaraciones al Diario Financiero, Ergas adquirió Traiguén supuestamente motivado por la conservación de la rana de Darwin. Afirmó que “la isla es prístina y libre de la salmonicultura”, y que la vendería solo a alguien comprometido con la conservación. Sin embargo, hoy aparece en portales de bienes raíces internacionales como Hall & Hall.

Mientras el empresario plantea que los fondos de una eventual venta se destinarán “a la conservación en tiempos de crisis climática”, la comunidad indígena que vive en la isla —y que la protege hace décadas con reconocimiento estatal— jamás fue mencionada en esos folletos. Tampoco el traspaso desde el Fisco al Ejército en dictadura, ni la historia que conecta ese territorio con la memoria viva del pueblo que lo habita.

La comunidad Nahuelquin-Delgado no fue consultada en ese momento, y tampoco ahora. Su hogar aparece publicado en medios internacionales como si fuese parte de un catálogo de aventuras para millonarios.

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Una defensa que es también un llamado

Desde Fundación Nativa creemos que esta situación revela la tensión profunda entre la lógica extractivista del mercado global y el derecho de los pueblos indígenas a habitar, proteger y decidir sobre sus territorios.

No se trata solo de una isla en venta. Se trata de un territorio vivo que hoy debe defenderse de la invisibilización, el marketing inmobiliario y el olvido institucional. Escuchar a las comunidades, respetar las leyes vigentes y reconocer los derechos ancestrales no es solo una deuda histórica: es una urgencia ética.